Se repite hasta el cansancio que este gobierno no reprime la protesta social. Es decir, es una letanía. La mejor forma de contrarrestarla es usar la memoria, esa que intentan manipular a su antojo para legitimarse como lo menos malo.
Para eso, ayudado por la memoria traigo al recuerdo algunos hechos represivos protagonizados por el Gobierno Nacional, por la patota sindical, por las fuerzas de seguridad nacionales (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal) o hechos ocurridos en Santa Cruz donde son dueños y señores de la provincia. A nivel del resto de las provincias la situación es igual o peor.
Esto es parte de una verdadera política de estado, de estado burgués.
16/07/2004: Represión en la legislatura porteña.
"El 16 de julio de 2004 una manifestación en contra de la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires convocada por varias organizaciones sociales culminó con serios incidentes. Los desmanes se prolongaron por varias horas y el edificio de la Legislatura Porteña sufrió destrozos. Algunas horas después de los incidentes, policías de civil y sin identificación detuvieron a veinticuatro personas en las inmediaciones del lugar. Basándose casi exclusivamente en los testimonios de los policías que efectuaron las detenciones y haciendo una utilización abusiva y desproporcionada del Código Penal, la jueza de instrucción Silvia Ramond dispuso el procesamiento con prisión preventiva de quince personas a las que les imputo los delitos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, daño calificado y resistencia a la autoridad. En tiempo récord la Sala V de la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos y los encarcelamientos preventivos. En dos oportunidades los abogados de las personas detenidas pidieron la excarcelación de sus defendidos pero ambos pedidos fueron rechazados por la jueza interviniente y confirmados por los camaristas de la sala V. Tanto la jueza como los camaristas Guillermo Navarro, Mario Filosof y Rodolfo Pociello Argerich utilizaron como único argumento para mantener a los manifestantes privados de su libertad el monto de la pena en abstracto que podría corresponderles según los delitos imputados, desnaturalizando de esta manera el encarcelamiento preventivo al transformarlo en una pena anticipada, lo que vulnera el principio de inocencia reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional." (Informe Anual CELS, 2005).
El ensañamiento policial y judicial contrasta con las loas escritas por los intelectuales K al día siguiente de los hechos. El informe del CELS incluso desmiente en parte la nota de Vertbitsky. Esto es llamativo porque este último preside el CELS.
Los intelectuales K.
El 17/07/04 salieron publicadas un par de notas en Página/12. La nota de Eduardo Videla decía: “Protesta sin lugar para la convivencia: Una manifestación contra el Código Contravencional porteño derivó en incidentes protagonizados por grupos minoritarios que provocaron destrozos en la Legislatura. El despliegue policial fue discreto, para “evitar una escalada de violencia”. Hubo 23 detenidos y numerosos heridos.”
23 detenidos y numerosos heridos ¡Menos mal que el despliegue policial fue discreto! El resto de la nota es un panegírico de la actuación policial. Sin embargo, las contradicciones no tardan en aparecer. El supuesto intento de ingreso violento a la legislatura por parte de trotskystas que alega Vertbitsky haciendo gala de un macartismo digno del mejor peronista reaccionario contradice la propia nota de Videla de donde surge que estas organizaciones : “Sobre Perú, desde Hipólito Yrigoyen a la Avenida de Mayo, estaban los grupos piqueteros, bajo las banderas del Polo Obrero y un nutrido grupo del MST y otras organizaciones de izquierda. Aguardaban expectantes hasta que avanzó por Perú un grupo de 15 hombres de la Infantería, quien sabe con qué propósito pues, apenas caminaron cien metros, quedaron encerrados por los manifestantes que venían detrás.”
Nota de Videla: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38291-2004-07-17.html
Nota de Vertbitsky: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38300-2004-07-17.html
Nota de Wainfeld pintando a Kirchner como si fuera Allende, sólo en La Moneda: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38292-2004-07-17.html
19/08/2004: Detenciones en Caleta Olivia.
“El 19 de agosto de 2004 unas doscientas personas, en su mayoría mujeres, se congregaron frente al Municipio de Caleta Olivia en reclamo de fuentes de trabajo. Ante la falta de respuesta marcharon hacía la playa de tanques petroleros de la firma TERMAP SA y permanecieron dentro del lugar. La protesta culminó con la firma de un acuerdo con ofrecimiento por parte del Municipio de puestos de trabajo.
A las 48 horas de finalizado el conflicto, el juez penal provincial Marcelo Bailaque ordenó la detención de veinticinco personas. La mayoría de los detenidos fueron liberados al día siguiente. Sin embargo, basándose en informes de inteligencia elaborados por la policía provincial, el magistrado dispuso el encarcelamiento preventivo de seis manifestantes por considerarlos los cabecillas, pese a que algunos de éstos ni siquiera habían participado de la toma de la playa de tanques. Haciendo una aplicación abusiva y desproporcionada del Código Penal, el juez procesó a los manifestantes por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas, usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la actividad industrial." (CELS, Informe Anual, 2005)
Estas detenciones luego fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Santa Cruz manifestando que: “la intervención del Poder Judicial debe ser definitivamente prudente —en particular el fuero penal— frente a los reclamos sociales provenientes de sectores de la población marginados por las políticas económicas erráticas de años anteriores; los magistrados deben juzgar los hechos exigiendo el cumplimiento de la ley, pero sin renunciar a la solución conciliada de los conflictos. Los justiciables, a su vez, deben procurar el ejercicio racional de sus derechos, de conformidad a las leyes que los reglamentan (art. 14 CN) y recordar que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Ley Suprema (art. 22 CN)”.
Sin embargo, el CELS, en una nota señala “El fallo bajo análisis parece marcar un cambio en la postura anteriormente asumida por el juez Ricardo Napolitani frente a hechos similares. En efecto, en julio de 1999, el entonces juez federal Napolitani procesó a los líderes de una manifestación que bloqueo la ruta 3 e impidió el ingreso a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En aquella oportunidad el magistrado entendió que el delito de entorpecimiento del transporte, regulado en el artículo 194 del Código Penal, no solo atentaba contra la norma penal, sino también contra la Constitución, la moral y las buenas costumbres, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
¿Quién sabrá los motivos del cambio del Dr. Napolitani? De todos modos, la autoridad que nombró a este Juez nombró al Juez de 1999 y no al de 2004.
30/11/2004: Violenta represión a desocupados en Las Heras, provincia de Santa Cruz. El caso Carina Sauco.
"El día 30 de noviembre de 2004, 65 personas se presentaron en dependencias de la empresa OIL de la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, a fin que comenzar a trabajar. Pese a que todas ellas habían aprobado el examen médico correspondiente, la empresa le impidió el ingreso a 23 personas aduciendo que no cumplían con los dos años de residencia en la provincia exigidos por una ley provincial. La negativa motivó una reacción por parte de los desocupados, quienes en primer lugar permanecieron en la puerta de la empresa y luego ingresaron a la misma en señal de protesta.
A partir de una denuncia realizada por la empresa, la jueza subrogante Graciela Ruatta de Leone ordenó la detención de todas las personas que estaban participando de la toma. A la madrugada diez personas fueron detenidas en el lugar. Luego de indagarlos, la jueza ordenó la libertad de tres de ellas debido a que no figuraban en la lista de 65 personas presentada por la empresa. Al día siguiente, la jueza en persona junto a personal policial se presentó en la casa de uno de los manifestantes, en donde un grupo de desocupados estaba llevando a cabo una reunión para evaluar los pasos a seguir. Nueve personas, ocho varones y una mujer de nombre Carina Sauco, fueron detenidas en el lugar y trasladadas a la comisaría. A Sauco la alojaron provisoriamente en la cocina del destacamento, separada de los hombres, con sus manos atadas.
Según su relato, ingresó un oficial de apellido Borquez, la insultó y comenzó a patearla mientras le preguntaba dónde estaba su marido Claudio Bustos. Una mujer policía de apellido Sánchez le pidió a Borquez que dejara de patearla ya que advirtió que Sauco estaba embarazada. Borquez no cesó en su accionar y la manifestante cayó al piso. El policía con el bastón de goma empezó a aplastarle la panza, primero abajo y después arriba, mientras le gritaba que en Las Heras no había lugar para el hijo de dos delincuentes. Cuando cesó el castigo, Sauco comenzó a sufrir pérdidas y contracciones muy fuertes, por lo que pidió que la llevaran con urgencia al hospital. Debió esperar más de una hora hasta el arribo de un médico al destacamento quien al observar el estado en que se encontraba la detenida indicó que debían trasladarla inmediatamente al hospital. Pese al consejo del médico, Sauco debió permanecer una hora más detenida hasta que la llevaron al hospital. Una vez en el hospital, los médicos le confirmaron que el bebé había muerto. El 3 de diciembre de 2004, la jueza Cristina de los Angeles Lembeye reasumió sus funciones e inmediatamente dispuso la libertad de las personas detenidas y la eximición de prisión de Claudio Bustos. Una vez que los hechos tomaron estado público, el gobierno de Santa Cruz anunció que impulsaría una investigación para deslindar responsabilidades." (CELS, Informe Anual 2005)
“Avisé que estaba embarazada” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-45270-2004-12-27.html
07/02/2006: Nuevamente represión en Las Heras:
"En la madrugada del 7 de febrero de 2006 hubo una masiva manifestación frente a la alcaldía de Las Heras, provincia de Santa Cruz, en reclamo de la liberación del dirigente sindical Mario Navarro, alojado allí luego de haber sido detenido a partir de una orden judicial la noche anterior cuando se retiraba de un estudio de radio.
Al momento de ser aprehendido, Navarro era el dirigente que, enfrentado con la conducción oficial del gremio encabezaba las protestas de los trabajadores petroleros en reclamo de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
La movilización culminó con graves enfrentamientos y más de 30 personas, entre policías que custodiaban el lugar y manifestantes, resultaron lesionadas, y muchas con heridas de bala. El suboficial Jorge Sayago resultó gravemente herido y murió mientras era trasladado a un centro asistencial. Los peritajes determinaron que Sayago había recibido una herida de arma blanca en su espalda y un impacto de proyectil de arma de fuego en una de sus clavículas, aunque fue un fuerte golpe en su cabeza lo que le provocó una fractura de cráneo y su posterior deceso.
Ante el pedido del gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, el gobierno nacional creó un Comité de Crisis e, inmediatamente, llegaron a la zona alrededor de 250 efectivos de Gendarmería Nacional. El secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, viajó también a la ciudad para presidir el comité y dirigir personalmente el operativo de desalojo de la ruta provincial 43, que los trabajadores petroleros mantenían cortada desde el 23 de enero. En una declaración pública, el presidente de la Nación Néstor Kirchner habló de intencionalidad política en los hechos y consideró que no era casualidad que sucedieran en su provincia, a la vez que defendió el accionar policial.
Al referirse al dirigente petrolero Mario Navarro, Kirchner manifestó que “no es violento porque yo lo conozco, es un hombre que milita en otras ideas, pero en la noche algunos aprovecharon a disparar cobardemente”.
La jueza de Instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, se hizo cargo de la investigación y ordenó, a solicitud del fiscal de la causa Walter Martínez, detener a 5 personas —4 mayores de edad y 1 menor, ninguna de ellas perteneciente al gremio petrolero—. El operativo se llevó a cabo el 24 de febrero por un grupo de operaciones especiales de la Policía de Santa Cruz, con apoyo de la Gendarmería Nacional. Otras 14 personas fueron detenidas a los pocos días, entre ellas 2 delegados del gremio petrolero.
Diversos reclamos se levantaron en contra del accionar de la policía provincial y la actuación de la doctora Ruata de Leone. La concejala justicialista de Las Heras, Roxana Totino, aseguró que las detenciones ordenadas por la jueza habían sido producto de “una caza de brujas” y que no hacían más que “incrementar el clima de tensión en el lugar”.
Se realizaron marchas contra la presencia de la Gendarmería en la zona y unas 100 personas, ante el temor de ser detenidas, se refugiaron en una iglesia, cuyo párroco, Luis Bicego, denunció que la zona se encontraba en virtual estado de sitio con policías de civil efectuando detenciones masivas.
El 27 de febrero de 2006 el propio jefe de la policía santacruceña, Wilfredo Roque, presentó una denuncia ante la jueza Ruata de Leone a raíz de reclamos que le hicieron llegar familiares de los detenidos, quienes denunciaron diversos hechos de violencia policial cuando los primeros sospechosos de la muerte del policía fueron trasladados a la ciudad de Puerto Deseado.
Por su parte, sacerdotes y laicos de las comisiones de pastoral social de la Iglesia Patagónica regional Patagonia-Comahue se sumaron a la denuncia del párroco Bicego mediante un comunicado difundido por la agencia católica AICA. En el comunicado se cuestiona “el accionar de las fuerzas de seguridad, que mantienen amedrentada y en estado de zozobra a la población” y se señala que en Las Heras “no se está garantizando el Estado de derecho propio de una democracia”. El 15 de marzo de 2006, renunció a su cargo el gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo junto a todo su gabinete de ministros. Si bien Acevedo manifestó que su dimisión se debía a “razones personales”, los serios incidentes acaecidos en la ciudad de Las Heras generaron una crisis política en la provincia que precipitó la renuncia del gobernador. En su lugar asumió el vicegobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho.
El presidente de la Nación reconoció el accionar violento de la policía local al momento de producirse las detenciones: “cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon. Yo no avalo jamás este tipo de cosas”.
Los familiares de los detenidos ampliaron sus denuncias sobre torturas y solicitaron la presencia en el lugar de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Su titular, Hebe de Bonafini, viajó a Las Heras, y manifestó públicamente que pudo comprobar personalmente que, en efecto las torturas a los detenidos habían ocurrido.
El 10 de abril de 2006 la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, realizó un llamado al gobierno argentino, en el que expresó su “preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas detenidas en estos hechos, de todos y cada uno de los miembros de sus familias y en general de la población de la ciudad de Las Heras”.
La OMCT remarcó “el deber de las autoridades argentinas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social, y de obrar de conformidad con los compromisos adquiridos como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura”. Asimismo, instó a las autoridades argentinas a: “llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de instancias civiles, en torno de los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley”.
A mediados de abril, la jueza Ruata de Leone procesó sin prisión preventiva a once policías por apremios ilegales cometidos durante las detenciones de los primeros sospechosos a partir de la denuncia del jefe de la policía provincial Wilfredo Roque. Además, la magistrada decretó el procesamiento sin prisión preventiva del comisario Horacio Enrique Herrera por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 2 de noviembre, dos personas fueron detenidas —un mayor de edad y un menor—, que se suman a los seis detenidos acusados de los delitos de homicidio agravado, lesiones y coacción agravada. Además, la jueza Ruata de Leone pidió la detención del dirigente Mario Navarro por considerarlo instigador de los incidentes que culminaron con el asesinato del suboficial Sayazo” (CELS, Informe Anual 2007).
Otra vez las teorías conspirativas, la defensa del accionar policial y su crítica luego que la verdad es conocida.
http://www.lafogata.org/06arg/arg3/arg_18-01.htm
http://www.youtube.com/watch?v=kRfApWdQDkg
http://www.izquierda.info/modules.php?name=News&file=article&sid=81
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-63653-2006-02-27.html
http://correpi.lahaine.org/?p=671
http://www.aporrea.org/internacionales/n74327.html
10/10/2006: Hospital Francés (Tercerizando la represión).
“El 10 de octubre de 2006, mientras trabajadores del Hospital Francés se encontraban realizando una asamblea en reclamo del pago de salarios, un grupo de gente ingresó al hall del sanatorio y los desalojó violentamente mediante patadas y golpes. Varias personas resultaron heridas, entre ellas periodistas y el diputado nacional Carlos Tinirello. Efectivos de la policía ingresaron al lugar y también fueron atacados por la patota. El director asociado del hospital, Alejandro Cilento, denunció que el día anterior personas vinculadas a los gremialistas lo arrinconaron en su oficina, lo golpearon, le arrojaron un bibliorato que le cortó la nariz y lo amenazaron con un cuchillo. Alrededor de treinta personas, entre dirigentes gremiales y agresores, fueron detenidas y procesadas por el juez de Instrucción Javier Anzóategui por los delitos de lesiones leves, amenazas, atentado a la autoridad y daño agravado. Entre los procesados se encuentran el interventor del hospital José Luis Salvatierra y los directores Walter González y Alejandro Cilento, quienes fueron considerados por el magistrado como posibles instigadores. El juez también procesó al líder de la patota Sergio Muhamad, empleado de la ciudad de Buenos Aires, militante del Partido Justicialista e integrante de la agrupación Jóvenes K que apoya al presidente Kirchner, quien fue filmado agrediendo a trabajadores y policías. Al tomar estado publico la noticia sobre la participación de Muhamad en los incidentes, y ante las denuncias de los dirigentes sindicales, el jefe de Gabinete Alberto Fernández desvinculó al gobierno nacional al aclarar que: “en la política ocurre que agrupaciones se alínean detrás de conducciones y las conducciones no lo saben”. Tan sólo una semana después funcionarios del gobierno debieron nuevamente salir a dar explicaciones por un grave hecho de violencia durante una movilización” (CELS, Informe Anual 2007).
Hospital Francés: hay 33 procesados http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=854363
El juez acusó a los interventores: Sostuvo que la patota era su custodia http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=854364
http://edant.clarin.com/diario/2006/10/12/um/m-01288880.htm
http://edant.clarin.com/diario/2006/10/12/um/m-01289068.htm
Camazo en el Hospital Francés:
http://www.youtube.com/watch?v=8x3DZ07CqU4
Video sobre la Patota: http://www.youtube.com/watch?v=VPdizICq5ug
Otro video sobre la patota: Golpean a legislador nacional. “Están amenazando que nos van a matar, es la patota de Alberto Fernández, es la patota que ha mandado el interventor … Alberto Fernández es el responsable de esto … Están gritando y ya lo ve y ya lo ve, es la gloriosa jotapé … hasta donde van a llegar con las actitudes represivas … “ y le gritan “preguntale a se (inentendible) a dónde llegamos”. “Esta la patota que vienen mandando para repriminirnos”
http://www.youtube.com/watch?v=7vUaikEKiCk
“El Gordo Tuto”, entre la barra de Chacarita y el peronismo porteño http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/74359-24118-2006-10-12.html
“Procesados a dos bandas: El interventor José Luis Salvatierra y Sergio “La Tuta” Muhamad son dos de los veintitrés procesados por la protesta y represión en el Hospital Francés. Críticas de los delegados por el fallo que los imputa.” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-75403-2006-10-31.html
17/10/2006: Traslado de restos de Perón a quinta de San Vicente. La burocracia sindical es toda la misma mierda.
“ El 17 de octubre una movilización convocada por la CGT para trasladar los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a una quinta en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, culminó con violentos enfrentamientos entre distintos sectores sindicales. Los desmanes se prolongaron por horas y fueron trasmitidos en directo por distintos canales de televisión. La batalla campal entre sindicalistas culminó con decenas de personas heridas, algunas por arma de fuego. Un manifestante, Emilio Quiroz, fue filmado efectuando varios disparos con un arma de fuego contra sindicalistas rivales, por lo que fue detenido y procesado. Al hacerse pública la noticia de que Quiroz pertenecía al gremio de los camioneros, Hugo Moyano, titular de la CGT y aliado del gobierno, fue sindicado como responsable de los hechos de violencia. Ante la lluvia de críticas, el presidente Kirchner consideró públicamente que los disturbios estuvieron preparados para perjudicarlo. “Las cosas no suceden de casualidad. Hay que apuntar contra Kirchner para frenar el nuevo país que necesitamos”, manifestó el presidente.”
Esta vez, enfrentamiento entre burócratas. Como en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, el Gobierno agita teorías conspirativas.
“Kirchner afirmó que la violencia de ayer "no fue de casualidad" y que buscaron perjudicarlo” http://edant.clarin.com/diario/2006/10/18/um/m-01292759.htm
“Hugo Moyano dijo que los incidentes fueron armados y se despegó de Quiroz” http://edant.clarin.com/diario/2006/10/18/um/m-01292561.htm
12/09/2007: Represión en Cañadón Seco:
“El 12 de septiembre, unos cincuenta trabajadores de la empresa petrolera EMPASA cortaron la ruta nacional nº 3 a la altura del acceso a Cañadón Seco, a pocos kilómetros de Caleta Olivia, en reclamo del cambio de encuadramiento sindical.
Por el bloqueo quedaron varados en la ruta los ómnibus que trasladaban a militantes que se dirigían a un acto en Río Gallegos del que participaría el entonces presidente Kirchner, lo que generó un clima de gran tensión en el lugar.
El jefe del operativo de seguridad, el comandante Raúl Mesa de Gendarmería Nacional, informó a los manifestantes que debían despejar la ruta ya que existía una orden judicial que así lo establecía. Los trabajadores se negaron a hacerlo y exigieron que les fuera exhibida tal orden. Ante la negativa, se produjeron forcejeos y los gendarmes detuvieron a Jorge Chanapa, vocero de los manifestantes. La detención de Chanapa provocó la reacción de los trabajadores, a lo que los efectivos de Gendarmería respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.
La periodista Adela Gómez, que se encontraba en el lugar cubriendo la protesta para la emisora radial FM XXI de Caleta Olivia, recibió dos impactos de posta de goma en la parte posterior de la pierna derecha y debió ser hospitalizada.
Ante los cuestionamientos sobre el violento accionar de Gendarmería, el titular de la regional Santa Cruz, comandante general Roberto Caserotto, aseguró que sus hombres fueron trasladados al lugar por orden de la justicia federal y que actuaron ante el temor de que se produjeran enfrentamientos entre los manifestantes y quienes se trasladaban en los ómnibus.
Desde el gobierno provincial también se sostuvo que la orden de actuar fue impartida por la justicia federal. En el boletín 865, el Ejecutivo provincial manifestó que ante el corte de ruta de los trabajadores de EMPASA “el Fiscal perteneciente a la Justicia Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut [que tiene competencia territorial], ordenó el procedimiento de desalojo, produciéndose incidentes entre efectivos de Gendarmería Nacional y un grupo de manifestantes”. El fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, desmintió la versión sostenida en conjunto por el Ejecutivo provincial y por Gendarmería, y recalcó que no emitió ninguna orden por escrito para expulsar a los manifestantes. Sin embargo, Bellver justificó el accionar de Gendarmería al aclarar: “El responsable de Gendarmería puede actuar en prevención o ante la comisión de un delito. El corte de ruta es un delito; entonces, actuó en consecuencia”. Por su parte, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Liliana Parcio aseguró que no libró ninguna orden de desalojo.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó al jefe de la Gendarmería Nacional Héctor Schenone que detectara al efectivo que disparó balas de goma sobre los manifestantes y se le instruyera el sumario correspondiente para darle de baja de la institución. Además del gendarme que disparó contra la periodista, fueron separados de la institución el jefe del operativo, comandante Raúl Mesa, y dos efectivos más que participaron de la represión.” (CELS, Informe Anual 2008).
¿En este caso la represión habrá estado justificada para permitir el paso de los ómnibus K?
30/01/2008: Represión en el Casino.
Apenas Cristina asumió el mando presidencial reprimen a los trabajadores del Casino usando a la Prefectura Naval.
Este conflicto había empezado como un lock-out de Cristóbal López (el mismo que está en Paraná Metal), un empresario amigo de los K.
Casino, chalecazo y represión - 30/01 http://www.youtube.com/watch?v=ZI88hP2ICro
El 11/01/2008 hubo un preaviso de represión
http://www.youtube.com/watch?v=n9yFxl6Is48&NR=1
Con anterioridad, la represión había sido "tercerizada" en la patota sindical del SOMU (obreros marítimos) que habían entrado por la fuerza al comedor del casino. Una conocida perdió un embarazo de 4 meses. Un tiempito antes el principal dirigente del SOMU, el Caballo Suárez, había ido a una reunión de la OIT con Cristina. En esa excursión parece que lo encontraron con merca o borracho. No es el punto, aunque no se podría esperar otra cosa de un burócrata descompuesto.
http://po.org.ar/articulo/po1017052/defendamos-al-cuerpo-de-delegados
Sobre la patota del SOMU:
http://www.youtube.com/watch?v=umOnPzmXkqk
http://www.youtube.com/watch?v=63h3FT0I0Is
http://www.youtube.com/watch?v=aDTkSyce8Rc
Documental sobre el Casino: http://www.ojoobrero.org/peliculas/casino.html
07/08/2008: Conflicto del campo. Represión en Plaza de Mayo.
Varias organizaciones piqueteras intentan acampar en Plaza de Mayo, durante el conflicto del campo, para tratar de instalar una campaña contra el hambre y por vivienda. Son reprimidos y acusados de tener palos y bombas molotov (que nunca aparecieron).
LA MARCHA DE LA FEDERAL http://po.org.ar/articulo/po1045131/marcha-de-federal
http://www.youtube.com/watch?v=2rvqZrxblhk
04/09/2008: Incendio de Trenes en Merlo y Castelar.
Se incendian trenes del Sarmiento en Castelar y Merlo. Aníbal Fernández acusa a José María Escobar de haber encabezado los incendios diciendo que tiene videos y ordena su detención.
Es decir, intentan judicializar a un militante político.
Los videos nunca aparecieron. Le dio letra a los fachos de C5N que empezaron a acusar a ese compañero de vándalo. En el juicio C5N y Eduardo Feinmann ofrecieron una suma de dinero para conciliar el juicio que se están comiendo.
http://www.youtube.com/watch?v=aPRg9lWy6XY
25/09/2009: Represión en Kraft – Terrabusi.
“Durante los meses de junio y julio de 2009, los trabajadores de la empresa Kraft se organizaron para exigir la adopción de medidas para la prevención de la gripe A. Como respuesta a esos reclamos –que incluyeron la suspensión de tareas y protestas en las oficinas administrativas–, la empresa despidió a 155 trabajadores que habían participado en esas protestas, sin lugar a indemnización, en tanto consideró que habían realizado actos contrarios a la ley.
Los trabajadores entonces ocuparon parte de la fábrica en reclamo contra los despidos. La toma se produjo el 7 de septiembre de 2009 y fue desalojada por un operativo policial ordenado por un juez. La empresa, que ya había denunciado en la justicia penal la manifestación en sus oficinas administrativas, solicitó el desalojo. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria que no permitió resolver el conflicto, y el 9 de septiembre se retiró de la negociación y dejó las tratativas directamente a las partes. La protesta de los trabajadores se complementó con reclamos y manifestaciones en la autopista Panamericana y en la ciudad de Buenos Aires. El 21 de septiembre, con el conflicto vigente, el Ministerio de Trabajo volvió a intervenir e intimó a la empresa, como requisito para el desarrollo de las negociaciones, a cumplir con el pago integral de los salarios de la última quincena de todos los empleados. El 24 de septiembre de 2009, el titular del sindicato de la alimentación, Rodolfo Daer, que se había mantenido al margen de la disputa, señaló públicamente que “el conflicto que llevan adelante los trabajadores de Kraft Foods se ha ‘ideologizado’ y, como consecuencia, ha producido ‘desbordes irreparables’ que generan ‘una profunda dificultad’ en la búsqueda de una solución”. Por su parte, el 25 de septiembre, la dirigencia industrial advirtió su preocupación por el conflicto de Kraft (ex Terrabusi) y cuestionó “la pasividad del ministro frente a los crecientes conflictos laborales”, que generan “inseguridad en la industria”. Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró en una radio: “Hablé con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y pedí que en esto fuéramos un poco más contundentes. El fin a este conflicto tiene que ponerse, y a corto plazo”. El 25 de septiembre de 2009, después de las 17 horas, se produjo una violenta represión policial que terminó con la toma del establecimiento, y con 12 personas heridas y 65 detenidas. La policía de la provincia de Buenos Aires –con 300 efectivos– reprimió a los trabajadores que se encontraban dentro y fuera de la planta. La orden de represión fue dictada por el juez penal de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa. El juez justificó la medida en tanto “el legítimo derecho de huelga” se habría transformado en un aparente “actuar delictivo” de los trabajadores despedidos, que resistieron el procedimiento con piedras, palos, bulones y botellas. Uno de los delegados, que se encontraba dentro de la fábrica, Oscar Soria, relató que ese día “(los policías) se nos vinieron encima. Algunos compañeros se entregaron. A uno, con las manos levantadas, le dispararon y lo hirieron debajo de la rodilla. A otra compañera la levantaron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso varias veces, me han dicho que se ve con claridad en Crónica. Y no contentos con eso, cuando está totalmente dominada, la patean”. La empresa, como si nada hubiese pasado, a las 21 horas del mismo día 25 de septiembre de 2009 emitió un comunicado en el que calificó de “normalizada” la situación de la planta y anunció que retomaría la actividad lo antes posible. La Unión Industrial Argentina, sin mencionar el accionar policial, manifestó “preocupación y temor” por el conflicto en la empresa. La CGT, por su parte, repudió el hecho de que “los trabajadores fueron desalojados violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió por cuatro meses cuando se bloquearon las rutas argentinas por las patronales rurales”. El 28 de septiembre, la empresa amplió los despidos e impidió el ingreso de los delegados sindicales. La prensa informó: “Cuando esta mañana llegaron a la fábrica, se encontraron con una escribana que entregaba, en la puerta del establecimiento, cartas documento a los miembros de la comisión interna en las que se les informaba que estaban impedidos de ingresar”. La empresa había solicitado, ante la justicia, el retiro de sus fueros para despedirlos y en consecuencia “se entregaron cartas documento a una veintena de trabajadores anunciándoles suspensiones por 15 días”. (CELS, Informe Anual 2010).
La Bonaerense reprime en Kraft luego de que varios integrantes o partidarios del gobierno nacional, entre otros Moyano y Aníbal Fernández, prepararan el terreno para justificar la represión.
http://www.youtube.com/watch?v=VVpH2fXDQNM
Posición de Hugo Moyano respecto de Kraft
11/09/2009 "Quieren Libertad sindical, ahí la tienen"
http://prensa.cancilleria.gov.ar/noticia.php?id=18713723
http://il.youtube.com/watch?v=gUG841DDbXQ
23/09/2009 “Criticó Moyano la toma de Kraft”
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1177803
22/09/2009 Moyano: "La toma de Kraft está politizada"
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=483481
22/09/2009 Moyano dice que en el conflicto de Terrabusi actúa la "ultraizquierda"
http://www.mdzol.com/mdz/nota/161447-Moyano-dice-que-en-el-conflicto-de-Terrabusi-act%C3%BAa-la-ultraizquierda/
Anibal Fernandez pidiendo contundencia "sin represión" a Scioli
“La Casa Rosada presionó a Scioli: Aníbal Fernández le había pedido "una acción contundente" ante la toma de Kraft; internas en el gabinete”
http://prensa.cancilleria.gov.ar/noticia.php?id=18798804
http://www.youtube.com/watch?v=o5lAMzL3ocg
Posición de la Embajada de los EEUU
Kraft: la Embajada de EE.UU. pidió alcanzar una solución "duradera": En diálogo con lanacion.com, voceros de la representación reconocieron el contacto con la autoridades argentinas "con el objetivo de lograr lo antes posible" un acuerdo; Scioli pidió a la empresa "máxima prudencia y predisposición"
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1179963
Si esto no fue preparar el terreno para la represión, aun cuando la ejecute la bonaerense, ya no se qué es favorecer la represión.
Terminando.-
La caterva de miserables a sueldo del Gobierno que salieron a diferenciar a la patota sindical de la Unión Ferroviaria, compuesta también por barrabravas, de Moyano y la CGT oficialista no son más que eso, miserables.
Los que dicen que este gobierno no reprime tienen la misma catadura moral. Mercenarios de la pluma (Feinmann, Forster, Anguita, Barone, Russo, etc).
Esos son los casos que fui recordando. En algunos de ellos copié la reseña del CELS porque además de ser mejor que lo que podría haber hecho es el resultado de una investigación sistematizada y que proviene de un organismo que políticamente es afín al gobierno.
No puse nada de Subte, ni de choferes de larga distancia, ni de Atilra, etc porque además de ser conocidos ya el texto es bastante extenso. En estos últimos casos la tercerización de la represión, a través de patotas sindicales, se manifestó en toda su plenitud.
Para eso, ayudado por la memoria traigo al recuerdo algunos hechos represivos protagonizados por el Gobierno Nacional, por la patota sindical, por las fuerzas de seguridad nacionales (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal) o hechos ocurridos en Santa Cruz donde son dueños y señores de la provincia. A nivel del resto de las provincias la situación es igual o peor.
Esto es parte de una verdadera política de estado, de estado burgués.
16/07/2004: Represión en la legislatura porteña.
"El 16 de julio de 2004 una manifestación en contra de la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires convocada por varias organizaciones sociales culminó con serios incidentes. Los desmanes se prolongaron por varias horas y el edificio de la Legislatura Porteña sufrió destrozos. Algunas horas después de los incidentes, policías de civil y sin identificación detuvieron a veinticuatro personas en las inmediaciones del lugar. Basándose casi exclusivamente en los testimonios de los policías que efectuaron las detenciones y haciendo una utilización abusiva y desproporcionada del Código Penal, la jueza de instrucción Silvia Ramond dispuso el procesamiento con prisión preventiva de quince personas a las que les imputo los delitos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, daño calificado y resistencia a la autoridad. En tiempo récord la Sala V de la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos y los encarcelamientos preventivos. En dos oportunidades los abogados de las personas detenidas pidieron la excarcelación de sus defendidos pero ambos pedidos fueron rechazados por la jueza interviniente y confirmados por los camaristas de la sala V. Tanto la jueza como los camaristas Guillermo Navarro, Mario Filosof y Rodolfo Pociello Argerich utilizaron como único argumento para mantener a los manifestantes privados de su libertad el monto de la pena en abstracto que podría corresponderles según los delitos imputados, desnaturalizando de esta manera el encarcelamiento preventivo al transformarlo en una pena anticipada, lo que vulnera el principio de inocencia reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional." (Informe Anual CELS, 2005).
El ensañamiento policial y judicial contrasta con las loas escritas por los intelectuales K al día siguiente de los hechos. El informe del CELS incluso desmiente en parte la nota de Vertbitsky. Esto es llamativo porque este último preside el CELS.
Los intelectuales K.
El 17/07/04 salieron publicadas un par de notas en Página/12. La nota de Eduardo Videla decía: “Protesta sin lugar para la convivencia: Una manifestación contra el Código Contravencional porteño derivó en incidentes protagonizados por grupos minoritarios que provocaron destrozos en la Legislatura. El despliegue policial fue discreto, para “evitar una escalada de violencia”. Hubo 23 detenidos y numerosos heridos.”
23 detenidos y numerosos heridos ¡Menos mal que el despliegue policial fue discreto! El resto de la nota es un panegírico de la actuación policial. Sin embargo, las contradicciones no tardan en aparecer. El supuesto intento de ingreso violento a la legislatura por parte de trotskystas que alega Vertbitsky haciendo gala de un macartismo digno del mejor peronista reaccionario contradice la propia nota de Videla de donde surge que estas organizaciones : “Sobre Perú, desde Hipólito Yrigoyen a la Avenida de Mayo, estaban los grupos piqueteros, bajo las banderas del Polo Obrero y un nutrido grupo del MST y otras organizaciones de izquierda. Aguardaban expectantes hasta que avanzó por Perú un grupo de 15 hombres de la Infantería, quien sabe con qué propósito pues, apenas caminaron cien metros, quedaron encerrados por los manifestantes que venían detrás.”
Nota de Videla: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38291-2004-07-17.html
Nota de Vertbitsky: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38300-2004-07-17.html
Nota de Wainfeld pintando a Kirchner como si fuera Allende, sólo en La Moneda: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38292-2004-07-17.html
19/08/2004: Detenciones en Caleta Olivia.
“El 19 de agosto de 2004 unas doscientas personas, en su mayoría mujeres, se congregaron frente al Municipio de Caleta Olivia en reclamo de fuentes de trabajo. Ante la falta de respuesta marcharon hacía la playa de tanques petroleros de la firma TERMAP SA y permanecieron dentro del lugar. La protesta culminó con la firma de un acuerdo con ofrecimiento por parte del Municipio de puestos de trabajo.
A las 48 horas de finalizado el conflicto, el juez penal provincial Marcelo Bailaque ordenó la detención de veinticinco personas. La mayoría de los detenidos fueron liberados al día siguiente. Sin embargo, basándose en informes de inteligencia elaborados por la policía provincial, el magistrado dispuso el encarcelamiento preventivo de seis manifestantes por considerarlos los cabecillas, pese a que algunos de éstos ni siquiera habían participado de la toma de la playa de tanques. Haciendo una aplicación abusiva y desproporcionada del Código Penal, el juez procesó a los manifestantes por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas, usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la actividad industrial." (CELS, Informe Anual, 2005)
Estas detenciones luego fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Santa Cruz manifestando que: “la intervención del Poder Judicial debe ser definitivamente prudente —en particular el fuero penal— frente a los reclamos sociales provenientes de sectores de la población marginados por las políticas económicas erráticas de años anteriores; los magistrados deben juzgar los hechos exigiendo el cumplimiento de la ley, pero sin renunciar a la solución conciliada de los conflictos. Los justiciables, a su vez, deben procurar el ejercicio racional de sus derechos, de conformidad a las leyes que los reglamentan (art. 14 CN) y recordar que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Ley Suprema (art. 22 CN)”.
Sin embargo, el CELS, en una nota señala “El fallo bajo análisis parece marcar un cambio en la postura anteriormente asumida por el juez Ricardo Napolitani frente a hechos similares. En efecto, en julio de 1999, el entonces juez federal Napolitani procesó a los líderes de una manifestación que bloqueo la ruta 3 e impidió el ingreso a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En aquella oportunidad el magistrado entendió que el delito de entorpecimiento del transporte, regulado en el artículo 194 del Código Penal, no solo atentaba contra la norma penal, sino también contra la Constitución, la moral y las buenas costumbres, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
¿Quién sabrá los motivos del cambio del Dr. Napolitani? De todos modos, la autoridad que nombró a este Juez nombró al Juez de 1999 y no al de 2004.
30/11/2004: Violenta represión a desocupados en Las Heras, provincia de Santa Cruz. El caso Carina Sauco.
"El día 30 de noviembre de 2004, 65 personas se presentaron en dependencias de la empresa OIL de la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, a fin que comenzar a trabajar. Pese a que todas ellas habían aprobado el examen médico correspondiente, la empresa le impidió el ingreso a 23 personas aduciendo que no cumplían con los dos años de residencia en la provincia exigidos por una ley provincial. La negativa motivó una reacción por parte de los desocupados, quienes en primer lugar permanecieron en la puerta de la empresa y luego ingresaron a la misma en señal de protesta.
A partir de una denuncia realizada por la empresa, la jueza subrogante Graciela Ruatta de Leone ordenó la detención de todas las personas que estaban participando de la toma. A la madrugada diez personas fueron detenidas en el lugar. Luego de indagarlos, la jueza ordenó la libertad de tres de ellas debido a que no figuraban en la lista de 65 personas presentada por la empresa. Al día siguiente, la jueza en persona junto a personal policial se presentó en la casa de uno de los manifestantes, en donde un grupo de desocupados estaba llevando a cabo una reunión para evaluar los pasos a seguir. Nueve personas, ocho varones y una mujer de nombre Carina Sauco, fueron detenidas en el lugar y trasladadas a la comisaría. A Sauco la alojaron provisoriamente en la cocina del destacamento, separada de los hombres, con sus manos atadas.
Según su relato, ingresó un oficial de apellido Borquez, la insultó y comenzó a patearla mientras le preguntaba dónde estaba su marido Claudio Bustos. Una mujer policía de apellido Sánchez le pidió a Borquez que dejara de patearla ya que advirtió que Sauco estaba embarazada. Borquez no cesó en su accionar y la manifestante cayó al piso. El policía con el bastón de goma empezó a aplastarle la panza, primero abajo y después arriba, mientras le gritaba que en Las Heras no había lugar para el hijo de dos delincuentes. Cuando cesó el castigo, Sauco comenzó a sufrir pérdidas y contracciones muy fuertes, por lo que pidió que la llevaran con urgencia al hospital. Debió esperar más de una hora hasta el arribo de un médico al destacamento quien al observar el estado en que se encontraba la detenida indicó que debían trasladarla inmediatamente al hospital. Pese al consejo del médico, Sauco debió permanecer una hora más detenida hasta que la llevaron al hospital. Una vez en el hospital, los médicos le confirmaron que el bebé había muerto. El 3 de diciembre de 2004, la jueza Cristina de los Angeles Lembeye reasumió sus funciones e inmediatamente dispuso la libertad de las personas detenidas y la eximición de prisión de Claudio Bustos. Una vez que los hechos tomaron estado público, el gobierno de Santa Cruz anunció que impulsaría una investigación para deslindar responsabilidades." (CELS, Informe Anual 2005)
“Avisé que estaba embarazada” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-45270-2004-12-27.html
07/02/2006: Nuevamente represión en Las Heras:
"En la madrugada del 7 de febrero de 2006 hubo una masiva manifestación frente a la alcaldía de Las Heras, provincia de Santa Cruz, en reclamo de la liberación del dirigente sindical Mario Navarro, alojado allí luego de haber sido detenido a partir de una orden judicial la noche anterior cuando se retiraba de un estudio de radio.
Al momento de ser aprehendido, Navarro era el dirigente que, enfrentado con la conducción oficial del gremio encabezaba las protestas de los trabajadores petroleros en reclamo de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
La movilización culminó con graves enfrentamientos y más de 30 personas, entre policías que custodiaban el lugar y manifestantes, resultaron lesionadas, y muchas con heridas de bala. El suboficial Jorge Sayago resultó gravemente herido y murió mientras era trasladado a un centro asistencial. Los peritajes determinaron que Sayago había recibido una herida de arma blanca en su espalda y un impacto de proyectil de arma de fuego en una de sus clavículas, aunque fue un fuerte golpe en su cabeza lo que le provocó una fractura de cráneo y su posterior deceso.
Ante el pedido del gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, el gobierno nacional creó un Comité de Crisis e, inmediatamente, llegaron a la zona alrededor de 250 efectivos de Gendarmería Nacional. El secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, viajó también a la ciudad para presidir el comité y dirigir personalmente el operativo de desalojo de la ruta provincial 43, que los trabajadores petroleros mantenían cortada desde el 23 de enero. En una declaración pública, el presidente de la Nación Néstor Kirchner habló de intencionalidad política en los hechos y consideró que no era casualidad que sucedieran en su provincia, a la vez que defendió el accionar policial.
Al referirse al dirigente petrolero Mario Navarro, Kirchner manifestó que “no es violento porque yo lo conozco, es un hombre que milita en otras ideas, pero en la noche algunos aprovecharon a disparar cobardemente”.
La jueza de Instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, se hizo cargo de la investigación y ordenó, a solicitud del fiscal de la causa Walter Martínez, detener a 5 personas —4 mayores de edad y 1 menor, ninguna de ellas perteneciente al gremio petrolero—. El operativo se llevó a cabo el 24 de febrero por un grupo de operaciones especiales de la Policía de Santa Cruz, con apoyo de la Gendarmería Nacional. Otras 14 personas fueron detenidas a los pocos días, entre ellas 2 delegados del gremio petrolero.
Diversos reclamos se levantaron en contra del accionar de la policía provincial y la actuación de la doctora Ruata de Leone. La concejala justicialista de Las Heras, Roxana Totino, aseguró que las detenciones ordenadas por la jueza habían sido producto de “una caza de brujas” y que no hacían más que “incrementar el clima de tensión en el lugar”.
Se realizaron marchas contra la presencia de la Gendarmería en la zona y unas 100 personas, ante el temor de ser detenidas, se refugiaron en una iglesia, cuyo párroco, Luis Bicego, denunció que la zona se encontraba en virtual estado de sitio con policías de civil efectuando detenciones masivas.
El 27 de febrero de 2006 el propio jefe de la policía santacruceña, Wilfredo Roque, presentó una denuncia ante la jueza Ruata de Leone a raíz de reclamos que le hicieron llegar familiares de los detenidos, quienes denunciaron diversos hechos de violencia policial cuando los primeros sospechosos de la muerte del policía fueron trasladados a la ciudad de Puerto Deseado.
Por su parte, sacerdotes y laicos de las comisiones de pastoral social de la Iglesia Patagónica regional Patagonia-Comahue se sumaron a la denuncia del párroco Bicego mediante un comunicado difundido por la agencia católica AICA. En el comunicado se cuestiona “el accionar de las fuerzas de seguridad, que mantienen amedrentada y en estado de zozobra a la población” y se señala que en Las Heras “no se está garantizando el Estado de derecho propio de una democracia”. El 15 de marzo de 2006, renunció a su cargo el gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo junto a todo su gabinete de ministros. Si bien Acevedo manifestó que su dimisión se debía a “razones personales”, los serios incidentes acaecidos en la ciudad de Las Heras generaron una crisis política en la provincia que precipitó la renuncia del gobernador. En su lugar asumió el vicegobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho.
El presidente de la Nación reconoció el accionar violento de la policía local al momento de producirse las detenciones: “cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon. Yo no avalo jamás este tipo de cosas”.
Los familiares de los detenidos ampliaron sus denuncias sobre torturas y solicitaron la presencia en el lugar de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Su titular, Hebe de Bonafini, viajó a Las Heras, y manifestó públicamente que pudo comprobar personalmente que, en efecto las torturas a los detenidos habían ocurrido.
El 10 de abril de 2006 la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, realizó un llamado al gobierno argentino, en el que expresó su “preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas detenidas en estos hechos, de todos y cada uno de los miembros de sus familias y en general de la población de la ciudad de Las Heras”.
La OMCT remarcó “el deber de las autoridades argentinas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social, y de obrar de conformidad con los compromisos adquiridos como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura”. Asimismo, instó a las autoridades argentinas a: “llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de instancias civiles, en torno de los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley”.
A mediados de abril, la jueza Ruata de Leone procesó sin prisión preventiva a once policías por apremios ilegales cometidos durante las detenciones de los primeros sospechosos a partir de la denuncia del jefe de la policía provincial Wilfredo Roque. Además, la magistrada decretó el procesamiento sin prisión preventiva del comisario Horacio Enrique Herrera por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 2 de noviembre, dos personas fueron detenidas —un mayor de edad y un menor—, que se suman a los seis detenidos acusados de los delitos de homicidio agravado, lesiones y coacción agravada. Además, la jueza Ruata de Leone pidió la detención del dirigente Mario Navarro por considerarlo instigador de los incidentes que culminaron con el asesinato del suboficial Sayazo” (CELS, Informe Anual 2007).
Otra vez las teorías conspirativas, la defensa del accionar policial y su crítica luego que la verdad es conocida.
http://www.lafogata.org/06arg/arg3/arg_18-01.htm
http://www.youtube.com/watch?v=kRfApWdQDkg
http://www.izquierda.info/modules.php?name=News&file=article&sid=81
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-63653-2006-02-27.html
http://correpi.lahaine.org/?p=671
http://www.aporrea.org/internacionales/n74327.html
10/10/2006: Hospital Francés (Tercerizando la represión).
“El 10 de octubre de 2006, mientras trabajadores del Hospital Francés se encontraban realizando una asamblea en reclamo del pago de salarios, un grupo de gente ingresó al hall del sanatorio y los desalojó violentamente mediante patadas y golpes. Varias personas resultaron heridas, entre ellas periodistas y el diputado nacional Carlos Tinirello. Efectivos de la policía ingresaron al lugar y también fueron atacados por la patota. El director asociado del hospital, Alejandro Cilento, denunció que el día anterior personas vinculadas a los gremialistas lo arrinconaron en su oficina, lo golpearon, le arrojaron un bibliorato que le cortó la nariz y lo amenazaron con un cuchillo. Alrededor de treinta personas, entre dirigentes gremiales y agresores, fueron detenidas y procesadas por el juez de Instrucción Javier Anzóategui por los delitos de lesiones leves, amenazas, atentado a la autoridad y daño agravado. Entre los procesados se encuentran el interventor del hospital José Luis Salvatierra y los directores Walter González y Alejandro Cilento, quienes fueron considerados por el magistrado como posibles instigadores. El juez también procesó al líder de la patota Sergio Muhamad, empleado de la ciudad de Buenos Aires, militante del Partido Justicialista e integrante de la agrupación Jóvenes K que apoya al presidente Kirchner, quien fue filmado agrediendo a trabajadores y policías. Al tomar estado publico la noticia sobre la participación de Muhamad en los incidentes, y ante las denuncias de los dirigentes sindicales, el jefe de Gabinete Alberto Fernández desvinculó al gobierno nacional al aclarar que: “en la política ocurre que agrupaciones se alínean detrás de conducciones y las conducciones no lo saben”. Tan sólo una semana después funcionarios del gobierno debieron nuevamente salir a dar explicaciones por un grave hecho de violencia durante una movilización” (CELS, Informe Anual 2007).
Hospital Francés: hay 33 procesados http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=854363
El juez acusó a los interventores: Sostuvo que la patota era su custodia http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=854364
http://edant.clarin.com/diario/2006/10/12/um/m-01288880.htm
http://edant.clarin.com/diario/2006/10/12/um/m-01289068.htm
Camazo en el Hospital Francés:
http://www.youtube.com/watch?v=8x3DZ07CqU4
Video sobre la Patota: http://www.youtube.com/watch?v=VPdizICq5ug
Otro video sobre la patota: Golpean a legislador nacional. “Están amenazando que nos van a matar, es la patota de Alberto Fernández, es la patota que ha mandado el interventor … Alberto Fernández es el responsable de esto … Están gritando y ya lo ve y ya lo ve, es la gloriosa jotapé … hasta donde van a llegar con las actitudes represivas … “ y le gritan “preguntale a se (inentendible) a dónde llegamos”. “Esta la patota que vienen mandando para repriminirnos”
http://www.youtube.com/watch?v=7vUaikEKiCk
“El Gordo Tuto”, entre la barra de Chacarita y el peronismo porteño http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/74359-24118-2006-10-12.html
“Procesados a dos bandas: El interventor José Luis Salvatierra y Sergio “La Tuta” Muhamad son dos de los veintitrés procesados por la protesta y represión en el Hospital Francés. Críticas de los delegados por el fallo que los imputa.” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-75403-2006-10-31.html
17/10/2006: Traslado de restos de Perón a quinta de San Vicente. La burocracia sindical es toda la misma mierda.
“ El 17 de octubre una movilización convocada por la CGT para trasladar los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a una quinta en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, culminó con violentos enfrentamientos entre distintos sectores sindicales. Los desmanes se prolongaron por horas y fueron trasmitidos en directo por distintos canales de televisión. La batalla campal entre sindicalistas culminó con decenas de personas heridas, algunas por arma de fuego. Un manifestante, Emilio Quiroz, fue filmado efectuando varios disparos con un arma de fuego contra sindicalistas rivales, por lo que fue detenido y procesado. Al hacerse pública la noticia de que Quiroz pertenecía al gremio de los camioneros, Hugo Moyano, titular de la CGT y aliado del gobierno, fue sindicado como responsable de los hechos de violencia. Ante la lluvia de críticas, el presidente Kirchner consideró públicamente que los disturbios estuvieron preparados para perjudicarlo. “Las cosas no suceden de casualidad. Hay que apuntar contra Kirchner para frenar el nuevo país que necesitamos”, manifestó el presidente.”
Esta vez, enfrentamiento entre burócratas. Como en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, el Gobierno agita teorías conspirativas.
“Kirchner afirmó que la violencia de ayer "no fue de casualidad" y que buscaron perjudicarlo” http://edant.clarin.com/diario/2006/10/18/um/m-01292759.htm
“Hugo Moyano dijo que los incidentes fueron armados y se despegó de Quiroz” http://edant.clarin.com/diario/2006/10/18/um/m-01292561.htm
12/09/2007: Represión en Cañadón Seco:
“El 12 de septiembre, unos cincuenta trabajadores de la empresa petrolera EMPASA cortaron la ruta nacional nº 3 a la altura del acceso a Cañadón Seco, a pocos kilómetros de Caleta Olivia, en reclamo del cambio de encuadramiento sindical.
Por el bloqueo quedaron varados en la ruta los ómnibus que trasladaban a militantes que se dirigían a un acto en Río Gallegos del que participaría el entonces presidente Kirchner, lo que generó un clima de gran tensión en el lugar.
El jefe del operativo de seguridad, el comandante Raúl Mesa de Gendarmería Nacional, informó a los manifestantes que debían despejar la ruta ya que existía una orden judicial que así lo establecía. Los trabajadores se negaron a hacerlo y exigieron que les fuera exhibida tal orden. Ante la negativa, se produjeron forcejeos y los gendarmes detuvieron a Jorge Chanapa, vocero de los manifestantes. La detención de Chanapa provocó la reacción de los trabajadores, a lo que los efectivos de Gendarmería respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.
La periodista Adela Gómez, que se encontraba en el lugar cubriendo la protesta para la emisora radial FM XXI de Caleta Olivia, recibió dos impactos de posta de goma en la parte posterior de la pierna derecha y debió ser hospitalizada.
Ante los cuestionamientos sobre el violento accionar de Gendarmería, el titular de la regional Santa Cruz, comandante general Roberto Caserotto, aseguró que sus hombres fueron trasladados al lugar por orden de la justicia federal y que actuaron ante el temor de que se produjeran enfrentamientos entre los manifestantes y quienes se trasladaban en los ómnibus.
Desde el gobierno provincial también se sostuvo que la orden de actuar fue impartida por la justicia federal. En el boletín 865, el Ejecutivo provincial manifestó que ante el corte de ruta de los trabajadores de EMPASA “el Fiscal perteneciente a la Justicia Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut [que tiene competencia territorial], ordenó el procedimiento de desalojo, produciéndose incidentes entre efectivos de Gendarmería Nacional y un grupo de manifestantes”. El fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, desmintió la versión sostenida en conjunto por el Ejecutivo provincial y por Gendarmería, y recalcó que no emitió ninguna orden por escrito para expulsar a los manifestantes. Sin embargo, Bellver justificó el accionar de Gendarmería al aclarar: “El responsable de Gendarmería puede actuar en prevención o ante la comisión de un delito. El corte de ruta es un delito; entonces, actuó en consecuencia”. Por su parte, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Liliana Parcio aseguró que no libró ninguna orden de desalojo.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó al jefe de la Gendarmería Nacional Héctor Schenone que detectara al efectivo que disparó balas de goma sobre los manifestantes y se le instruyera el sumario correspondiente para darle de baja de la institución. Además del gendarme que disparó contra la periodista, fueron separados de la institución el jefe del operativo, comandante Raúl Mesa, y dos efectivos más que participaron de la represión.” (CELS, Informe Anual 2008).
¿En este caso la represión habrá estado justificada para permitir el paso de los ómnibus K?
30/01/2008: Represión en el Casino.
Apenas Cristina asumió el mando presidencial reprimen a los trabajadores del Casino usando a la Prefectura Naval.
Este conflicto había empezado como un lock-out de Cristóbal López (el mismo que está en Paraná Metal), un empresario amigo de los K.
Casino, chalecazo y represión - 30/01 http://www.youtube.com/watch?v=ZI88hP2ICro
El 11/01/2008 hubo un preaviso de represión
http://www.youtube.com/watch?v=n9yFxl6Is48&NR=1
Con anterioridad, la represión había sido "tercerizada" en la patota sindical del SOMU (obreros marítimos) que habían entrado por la fuerza al comedor del casino. Una conocida perdió un embarazo de 4 meses. Un tiempito antes el principal dirigente del SOMU, el Caballo Suárez, había ido a una reunión de la OIT con Cristina. En esa excursión parece que lo encontraron con merca o borracho. No es el punto, aunque no se podría esperar otra cosa de un burócrata descompuesto.
http://po.org.ar/articulo/po1017052/defendamos-al-cuerpo-de-delegados
Sobre la patota del SOMU:
http://www.youtube.com/watch?v=umOnPzmXkqk
http://www.youtube.com/watch?v=63h3FT0I0Is
http://www.youtube.com/watch?v=aDTkSyce8Rc
Documental sobre el Casino: http://www.ojoobrero.org/peliculas/casino.html
07/08/2008: Conflicto del campo. Represión en Plaza de Mayo.
Varias organizaciones piqueteras intentan acampar en Plaza de Mayo, durante el conflicto del campo, para tratar de instalar una campaña contra el hambre y por vivienda. Son reprimidos y acusados de tener palos y bombas molotov (que nunca aparecieron).
LA MARCHA DE LA FEDERAL http://po.org.ar/articulo/po1045131/marcha-de-federal
http://www.youtube.com/watch?v=2rvqZrxblhk
04/09/2008: Incendio de Trenes en Merlo y Castelar.
Se incendian trenes del Sarmiento en Castelar y Merlo. Aníbal Fernández acusa a José María Escobar de haber encabezado los incendios diciendo que tiene videos y ordena su detención.
Es decir, intentan judicializar a un militante político.
Los videos nunca aparecieron. Le dio letra a los fachos de C5N que empezaron a acusar a ese compañero de vándalo. En el juicio C5N y Eduardo Feinmann ofrecieron una suma de dinero para conciliar el juicio que se están comiendo.
http://www.youtube.com/watch?v=aPRg9lWy6XY
25/09/2009: Represión en Kraft – Terrabusi.
“Durante los meses de junio y julio de 2009, los trabajadores de la empresa Kraft se organizaron para exigir la adopción de medidas para la prevención de la gripe A. Como respuesta a esos reclamos –que incluyeron la suspensión de tareas y protestas en las oficinas administrativas–, la empresa despidió a 155 trabajadores que habían participado en esas protestas, sin lugar a indemnización, en tanto consideró que habían realizado actos contrarios a la ley.
Los trabajadores entonces ocuparon parte de la fábrica en reclamo contra los despidos. La toma se produjo el 7 de septiembre de 2009 y fue desalojada por un operativo policial ordenado por un juez. La empresa, que ya había denunciado en la justicia penal la manifestación en sus oficinas administrativas, solicitó el desalojo. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria que no permitió resolver el conflicto, y el 9 de septiembre se retiró de la negociación y dejó las tratativas directamente a las partes. La protesta de los trabajadores se complementó con reclamos y manifestaciones en la autopista Panamericana y en la ciudad de Buenos Aires. El 21 de septiembre, con el conflicto vigente, el Ministerio de Trabajo volvió a intervenir e intimó a la empresa, como requisito para el desarrollo de las negociaciones, a cumplir con el pago integral de los salarios de la última quincena de todos los empleados. El 24 de septiembre de 2009, el titular del sindicato de la alimentación, Rodolfo Daer, que se había mantenido al margen de la disputa, señaló públicamente que “el conflicto que llevan adelante los trabajadores de Kraft Foods se ha ‘ideologizado’ y, como consecuencia, ha producido ‘desbordes irreparables’ que generan ‘una profunda dificultad’ en la búsqueda de una solución”. Por su parte, el 25 de septiembre, la dirigencia industrial advirtió su preocupación por el conflicto de Kraft (ex Terrabusi) y cuestionó “la pasividad del ministro frente a los crecientes conflictos laborales”, que generan “inseguridad en la industria”. Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró en una radio: “Hablé con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y pedí que en esto fuéramos un poco más contundentes. El fin a este conflicto tiene que ponerse, y a corto plazo”. El 25 de septiembre de 2009, después de las 17 horas, se produjo una violenta represión policial que terminó con la toma del establecimiento, y con 12 personas heridas y 65 detenidas. La policía de la provincia de Buenos Aires –con 300 efectivos– reprimió a los trabajadores que se encontraban dentro y fuera de la planta. La orden de represión fue dictada por el juez penal de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa. El juez justificó la medida en tanto “el legítimo derecho de huelga” se habría transformado en un aparente “actuar delictivo” de los trabajadores despedidos, que resistieron el procedimiento con piedras, palos, bulones y botellas. Uno de los delegados, que se encontraba dentro de la fábrica, Oscar Soria, relató que ese día “(los policías) se nos vinieron encima. Algunos compañeros se entregaron. A uno, con las manos levantadas, le dispararon y lo hirieron debajo de la rodilla. A otra compañera la levantaron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso varias veces, me han dicho que se ve con claridad en Crónica. Y no contentos con eso, cuando está totalmente dominada, la patean”. La empresa, como si nada hubiese pasado, a las 21 horas del mismo día 25 de septiembre de 2009 emitió un comunicado en el que calificó de “normalizada” la situación de la planta y anunció que retomaría la actividad lo antes posible. La Unión Industrial Argentina, sin mencionar el accionar policial, manifestó “preocupación y temor” por el conflicto en la empresa. La CGT, por su parte, repudió el hecho de que “los trabajadores fueron desalojados violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió por cuatro meses cuando se bloquearon las rutas argentinas por las patronales rurales”. El 28 de septiembre, la empresa amplió los despidos e impidió el ingreso de los delegados sindicales. La prensa informó: “Cuando esta mañana llegaron a la fábrica, se encontraron con una escribana que entregaba, en la puerta del establecimiento, cartas documento a los miembros de la comisión interna en las que se les informaba que estaban impedidos de ingresar”. La empresa había solicitado, ante la justicia, el retiro de sus fueros para despedirlos y en consecuencia “se entregaron cartas documento a una veintena de trabajadores anunciándoles suspensiones por 15 días”. (CELS, Informe Anual 2010).
La Bonaerense reprime en Kraft luego de que varios integrantes o partidarios del gobierno nacional, entre otros Moyano y Aníbal Fernández, prepararan el terreno para justificar la represión.
http://www.youtube.com/watch?v=VVpH2fXDQNM
Posición de Hugo Moyano respecto de Kraft
11/09/2009 "Quieren Libertad sindical, ahí la tienen"
http://prensa.cancilleria.gov.ar/noticia.php?id=18713723
http://il.youtube.com/watch?v=gUG841DDbXQ
23/09/2009 “Criticó Moyano la toma de Kraft”
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1177803
22/09/2009 Moyano: "La toma de Kraft está politizada"
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=483481
22/09/2009 Moyano dice que en el conflicto de Terrabusi actúa la "ultraizquierda"
http://www.mdzol.com/mdz/nota/161447-Moyano-dice-que-en-el-conflicto-de-Terrabusi-act%C3%BAa-la-ultraizquierda/
Anibal Fernandez pidiendo contundencia "sin represión" a Scioli
“La Casa Rosada presionó a Scioli: Aníbal Fernández le había pedido "una acción contundente" ante la toma de Kraft; internas en el gabinete”
http://prensa.cancilleria.gov.ar/noticia.php?id=18798804
http://www.youtube.com/watch?v=o5lAMzL3ocg
Posición de la Embajada de los EEUU
Kraft: la Embajada de EE.UU. pidió alcanzar una solución "duradera": En diálogo con lanacion.com, voceros de la representación reconocieron el contacto con la autoridades argentinas "con el objetivo de lograr lo antes posible" un acuerdo; Scioli pidió a la empresa "máxima prudencia y predisposición"
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1179963
Si esto no fue preparar el terreno para la represión, aun cuando la ejecute la bonaerense, ya no se qué es favorecer la represión.
Terminando.-
La caterva de miserables a sueldo del Gobierno que salieron a diferenciar a la patota sindical de la Unión Ferroviaria, compuesta también por barrabravas, de Moyano y la CGT oficialista no son más que eso, miserables.
Los que dicen que este gobierno no reprime tienen la misma catadura moral. Mercenarios de la pluma (Feinmann, Forster, Anguita, Barone, Russo, etc).
Esos son los casos que fui recordando. En algunos de ellos copié la reseña del CELS porque además de ser mejor que lo que podría haber hecho es el resultado de una investigación sistematizada y que proviene de un organismo que políticamente es afín al gobierno.
No puse nada de Subte, ni de choferes de larga distancia, ni de Atilra, etc porque además de ser conocidos ya el texto es bastante extenso. En estos últimos casos la tercerización de la represión, a través de patotas sindicales, se manifestó en toda su plenitud.
